Las trabajadoras del proyecto «Base 25», de Cáritas Diocesana de Tenerife, constatan en su trabajo diario que la situación de las personas con escasos recursos económicos o en riesgo de exclusión social va en aumento en Tenerife. En los meses que han transcurrido del 2021 ya han gestionado tantos casos de desahucios como a lo largo de todo el año pasado. Y eso representa más de medio millar de problemas que afectan de forma directa a unas 1.540 personas. Así lo afirma Alejandra Hernández, trabajadora social y coordinadora de este proyecto, que está impulsado por la citada entidad católica y cuenta con financiación del Cabildo de Tenerife, así como, en menor medida, del Ayuntamiento de La Laguna.
La percepción del equipo de profesionales que atienden a estos ciudadanos con riesgo de perder su casa es que, entre enero y julio, se ha producido una continuación del fenómeno que ocurrió en la segunda mitad del ejercicio 2020; es decir, una vez que los juzgados recobraron su dinámica habitual después del confinamiento.
Las trabajadoras de «Base 25» dedican su tiempo a dos grandes grupos de afectados. Uno está conformado por aquellas unidades familiares que ya se hallaban en situación de vulnerabilidad antes de la llegada de la pandemia del coronavirus, que ahora se encuentran en peores circunstancias. Y el otro lo integran aquellas familias que han perdido todos o buena parte de sus ingresos económicos a raíz del frenazo económico generado a raíz de los intentos de control de la expansión masiva del covid-19. Estas últimas suponen nuevos perfiles.
Lentitud burocrática
La coordinadora de este proyecto de Cáritas advierte de que el Gobierno de Canarias se adelantó al del Estado en el 2020 a la hora de aprobar las ayudas al alquiler o el ingreso de emergencia, por ejemplo. Sin embargo, explica Hernández, «las gestiones son lentísimas», pues tiene conocimiento de ciudadanos que todavía no han cobrado dichas aportaciones cuando ha transcurrido más de un año de su solicitud. Según Alejandra Hernández, las personas afectadas por un proceso de desahucio pueden acudir al equipo de «Base 25» desde que reciben el burofax de la entidad bancaria o desde el momento en que el casero avisa del inicio del procedimiento. Aclara que ya entonces puede empezar el asesoramiento.
La función del personal de esta iniciativa es informar y acompañar a familias o ciudadanos que están en riesgo de pérdida de su domicilio por el inicio de un procedimiento de ejecución hipotecaria, el impago del alquiler o diferentes maneras de «precario» (aquellos casos en los que no hay vínculo legal con la casa donde se reside). Dentro de este último apartado pueden registrarse varias realidades, desde la ocupación de un inmueble propiedad de un banco hasta aquellos vecinos que tenían un contrato de alquiler con el propietario, pero es a este último a quien la entidad financiera les ha quitado la titularidad por no poder hacer frente a las cuotas. También puede darse la situación de que el dueño venda la casa y el nuevo titular decida no continuar con dicho inquilino.
Alquileres en precario
Según Hernández, desde el 2019 la Ley establece que el nuevo propietario tiene que asumir el contrato de alquiler, pero no ocurre igual en aquellos documentos firmados entre las partes antes de la entrada en vigor de esa normativa. En los denominados casos de «precario» también pueden darse otras situaciones. Una de ellas es la pareja que se separa y el domicilio queda en manos de la persona que tiene la guarda y custodia de los hijos menores de edad. Cuando estos últimos llegan a la mayoría de edad, la otra parte reclama la utilización del inmueble, al considerar que existe un cambio del régimen de uso y disfrute de la casa. Otra modalidad de «precario» se registra por el usufructo sin justificar: por ejemplo, una persona vive en la vivienda de su abuelo o su tía. Pero cuando ese familiar fallece y el bien inmueble lo hereda una tercera persona, surgen los problemas. Hay casos en que el morador carece de dinero para poder alquilar o comprar otro domicilio.
Alejandra Hernández explica que la función de los profesionales de «Base 25″ es que los afectados «entiendan bien el problema que les afecta, los derechos que los amparan y los deberes que tienen». A juicio de la coordinadora del proyecto, «son las personas las que, al final, deben tomar sus decisiones de forma libre”, que es la filosofía aplicada en los proyectos sociales de Cáritas Diocesana, en la medida en que hay muchas maneras de vivir y de afrontar los problemas. «Nuestro objetivo es poner luz en esa tormenta, ofrecer alternativas y trabajar con las potencialidades de cada familia», indica Alejandra. Comenta que, en ocasiones, una unidad familiar está tan preocupada en la realidad negativa del desahucio que no es capaz de detectar aquellos aspectos que puede tener a mano para salir adelante. Por ejemplo, Cáritas cuenta con un «eje transversal de empleo» para algunos afectados; a veces, se pueden tocar las redes de apoyo familiar, y, en otros casos, los implicados en estos procesos desconocen que existen ayudas municipales.
La compleja situación del Sur de la Isla
Las ayudas económicas que pueden darse a través de la iniciativa de Cáritas «se valoran muy bien», pues los recursos son limitados, y se hará en función de hasta dónde llega la aportación de cada ayuntamiento. También se explica a las personas que consultan que si el contrato de alquiler está vencido y el casero ha comunicado de forma adecuada la finalización del mismo, «ya no se puede seguir en esa casa». Lo mismo ocurre si el proceso judicial de desahucio iniciado por el banco por impago de cuotas de la hipoteca ya está vencido. En esos casos, ofrecer apoyo económico ya no tiene sentido alguno.
Es decir, la opción válida puede pasar por dar recursos para la entrada en un nuevo domicilio. Con diferencia, la concentración más importante de desahucios se produce, por una parte, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna; y, por otra, en Arona y Granadilla de Abona. Es decir, los municipios que tienen una mayor densidad de población. Según señala Alejandra Hernández, «el problema va creciendo en el Sur de Tenerife y se está poniendo muy complicado con la inactividad laboral, ya que casi todo el mundo depende, directa o indirectamente, del turismo». Otro factor añadido es que en las zonas que rodean a los grandes destinos turísticos de la Isla los alquileres han sido muy altos.
La coordinadora de este proyecto de Cáritas apunta que alrededor de la actividad turística existe «mucho trabajador eventual». Recuerda que las medidas aprobadas por el Gobierno del Estado a raíz del estado de alarma para ayudar a los empleados por cuenta ajena tuvieron en cuenta a quienes en marzo del 2020 aún tenían contratos laborales. Pero, según los datos que maneja Alejandra, en el Sur de Tenerife, con la cancelación de vuelos turísticos en enero o febrero por la proliferación del covid-19 ya había personas que no tenían empleo al inicio del pasado año. Es decir, eran trabajadores eventuales que habían sido despedidos o a los que no se les renovó el contrato por la incertidumbre del momento.
Artículo publicado en el periódico El Día de Tenerife (Autor: Pedro Fumero)
Actualizado 23 julio, 2021
