La labor de Cáritas prosigue con todos sus proyectos activos y continúa, junto a otras entidades, ayudando a los afectados por el volcán de La Palma. Hasta el momento se han realizado casi 3.500 atenciones y son 1.240 las familias y 3.270 las personas (entre ellas, 700 menores) las que han recibido algún tipo de ayuda, gracias a las aportaciones recibidas en la Campaña de Emergencia y Solidaridad con la Isla. La Palma acogió la reunión del Consejo General de Cáritas Española, en la que se aprovechó para visitar la zona afectada y conocer el trabajo que ha realizado la institución católica, por un valor de 3,1 millones de euros. El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, reconoce que, además de las personas atendidas periódicamente que acompaña la institución, “algunas están llegando por primera vez debido a la falta de respuesta de las Administraciones o la insuficiencia de las ayudas recibidas”.
-Continúan ayudando a los damnificados por la erupción volcánica en La Palma.
“No han desaparecido las necesidades de las personas que se han visto afectadas. Seguimos en el día a día. Era una situación que preveíamos que iba a pasar y nos organizamos, con todos los fondos que vinieron de las donaciones, para hacer un trabajo más a largo plazo, tras el despliegue de recursos iniciales, cuando había muchas asociaciones, con un vínculo más de emergencia, trabajando en la zona y estaba todo el mundo volcado. Vamos a seguir estando en La Palma. Continuamos atendiendo a personas, a familias, que en algunos casos llegan a nosotros por primera vez, debido a la falta de respuestas de las administraciones públicas o ante la insuficiencia de las ayudas recibidas”.
-¿Qué ayudas son las que más demandan los palmeros?
“Todavía atendemos alguna situación de primera necesidad, con ayudas alimentarias, de emergencia o de higiene a familias en situación de vulnerabilidad. Pero ahora, sobre todo, las ayudas van en la línea de la compra de enseres, muebles, electrodomésticos, obras de rehabilitación de viviendas de nueva construcción, tanto comprando materiales como en gestiones para su habitabilidad. El Obispado nos cedió seis casas parroquiales, las habilitamos como viviendas y las equipamos para reubicar a 11 familias que estaban en situación de exclusión residencial extrema en diferentes momentos. Con ellas se ha llevado una intervención continuada para la mejora de su bienestar y su inclusión sociolaboral. Hay personas que demandan ayudas para el alquiler, atención básica, pagos de suministros, gastos médicos, acompañamiento de acogidos… También trabajamos en materia de empleo derivando a personas sin trabajo, para ofrecerles un servicio de orientación en el proceso de reinserción laboral. Además, desde Cáritas estamos trabajando en todo lo que es la participación social y la construcción de comunidad con estos damnificados. Tras ser arrancadas de sus barrios y estar viviendo en nuevas casas, estas personas han perdido su vinculación a una comunidad, su círculo de vecinos y amigos, los lugares a los que acudían. Debemos ayudarlas a retomar ese vínculo, que sientan que son un pueblo otra vez. Tenemos grupos de escucha y generamos lugares de participación creando comunidad, evitando el desarraigo, intentando volver a reconstruir esa idea comunitaria allá donde las ubicaron”.
-¿Aumentó el número de personas sin hogar en la Isla?
“La unidad móvil de atención en calle venía trabajando y había sacado a la luz en la isla a unas 180 personas que vivían en cuevas, chamizos, vehículos…. Además, el volcán ha llevado a otras a una situación de sinhogarismo por no tener cobertura o derecho a seguro. Seguimos trabajando en los dos centros de día para estas personas que tenemos en Santa Cruz de La Palma y en Los Llanos de Aridane. Las unidades móviles siguen buscando y realizando un seguimiento a esas personas para ponerlas en contacto con la Administración, para mostrarles cuáles son sus derechos y que puedan ejercerlos. Aunque muchas veces chocan con la brecha digital o no están empadronados. Unas 130 personas se beneficiaron del proyecto Mila y les acompañamos para lograr un empleo”.
-¿Cuál es la casuística de una persona sin hogar?
“El precio de la vivienda y de los alquileres es alto y hay lugares en los que no hay disponibles, como en las zonas turísticas. Pero el problema es más amplio, porque también hay que incluir a aquellas personas que han venido de países comunitarios o extracomunitarios. No tienen rostro y son sujetos sin derechos, porque muchos no están ni reconocidos. En el último estudio de personas en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife se daban 77 nacionalidades en las 2.700 personas detectadas. La situación de muchas de ellas está cronificada, otras cayeron en ella por la pandemia o por la crisis posterior, otras precisamente por la falta de vivienda y también hay personas con alguna enfermedad mental, que no han sido atendidas ni diagnosticadas. Asimismo, se dan casos de patologías duales, de adicción y problemas mentales. Es necesario trabajar en una política que garantice los derechos humanos y que ponga en el centro a los más vulnerables”.
-El problema del alquiler y también de la escasez de vivienda ha arrastrado a trabajadores pobres a vivir en edificios abandonados o en coches.
“Hay personas que pueden tener un trabajo, que normalmente no estarían en situación de exclusión extrema, pero que no pueden tener acceso a una vivienda digna porque no existe o está a unos precios inalcanzables. La situación de indefensión es muy preocupante. No existía una política de vivienda pública y ahora que se está intentando poner algún tipo de remedio su lentitud es brutal. Se ven pequeños avances y hay voluntad, pero seguimos con una escasez que hace que se produzcan situaciones muy difíciles. Las listas de espera para tener una vivienda pública supera las 18.000 personas y no hay una solución a corto plazo. Cáritas demanda de manera prioritaria más atención al problema del acceso a la vivienda: un derecho que se ha convertido en un lujo”.
-Está aumentando la soledad no deseada entre los mayores.
“Si ya es un problema, será mucho más grave y recurrente en el futuro. En Cáritas es un campo de atención que tenemos que profundizar más, porque la sociedad va envejeciendo y cada vez vivimos más. Por tanto, habrá matrimonios en los que faltará un miembro y hay menos hijos que los atiendan. Estamos estudiando cómo trabajar con este grupo de personas, cómo atenderles y llegar a ellas. Las Administraciones tienen una gran responsabilidad, porque no están habilitando plazas públicas en residencias para los mayores más vulnerables. Hay un déficit muy grande que va a ir a más, y los precios que hay son muy altos para muchas pensiones. Las políticas públicas deben centrarse en el acompañamiento a estas personas. También está el tema de los cuidados: hay que tener un plan integral y la sociedad tendrá que avanzar y valorar más a las personas que desempeñan esas tareas dentro de las familias. Muchas mujeres atienden a mayores o dependientes en sus casas y debemos prestarles ayuda y reconocer su trabajo”.
-¿Qué otras líneas de trabajo de Cáritas destacaría?
“Atendemos a las personas que llegan a las parroquias, porque tenemos una red muy grande de puertas abiertas, ofreciendo una ayuda de primera necesidad, una tarjeta monedero para que puedan comprar. Prestamos mucha atención al área de empleo porque consideramos que es una de las respuestas más importantes que podemos ofrecer: formarlas para su incorporación al mundo laboral. Tenemos el proyecto Barrios por el Empleo, junto con otras cinco entidades, y el proyecto Mila para aquellas personas que acuden a Cáritas. Tras una valoración de sus necesidades, realizamos un seguimiento a su proceso formativo para que salgan adelante y no se cronifique su situación. En función de esas necesidades, buscamos prácticas laborales para que cuenten con oportunidades y lograr unos índices mayores de integración. Además, en el proyecto Drago estamos en colaboración con Sanidad, y en él atendemos trastornos por adicción alcohólica con un equipo multidisciplinar. Igualmente, contamos con dos centros de día en La Palma y siete recursos alojativos en Tenerife, aparte de las unidades móviles de atención en la calle, que detectan las situaciones de exclusión residencial extrema”.
-¿Qué le preocupa más de lo que refleja este análisis social?
“En junio presentaremos la memoria del año pasado. Si en 2021 atendimos a 19.800 personas, en 2022 esa cifra creció. Una región que posee un tercio de su población en exclusión muestra que la situación es grave, con una pobreza estructural. Hay que adoptar políticas para romper con esto. Básicamente, a nosotros nos llegan mujeres, madres de familias monoparentales con uno o dos hijos, y luego familias con dos hijos en las que un miembro trabaja, pero con su sueldo no llegan a fin de mes. Eso se agudiza ahora más con el aumento de los precios, que ha hecho que muchas personas que ya estaban en la cuerda floja caigan en la vulnerabilidad. Me preocupa la brecha digital y las cortapisas de la Administración en el acceso al Ingreso Mínimo Vital o la Renta Canaria. La atención presencial debe mantenerse, porque muchos no tienen móvil, ordenador, datos, wifi o el conocimiento para rellenar un cuestionario digital. Las medidas frente a la pobreza no llegan con la rapidez necesaria. La Administración deriva a estas personas hacia las ONG para que les demos una ayuda de emergencia de forma más ágil”.
Entrevista publicada en el periódico «Diario de Avisos». Autor: Juan Jesús Gutiérrez. Fotografía: Fran Pallero
Actualizado 10 abril, 2023
