Crece el número de familias enteras sin hogar en el Sur por la pandemia

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La pandemia está variando el perfil tradicional del colectivo sin hogar en el sur de Tenerife. Si hasta ahora se asociaba este drama social a personas solas, la COVID-19 está arrastrando a la calle a familias enteras. El frenazo económico por la caída del turismo en el último año está empujando a situaciones extremas a unidades familiares que no pueden hacer frente ni siquiera al alquiler de una habitación.

Esta es una de las conclusiones de un estudio que Cáritas dará a conocer el próximo mes después de seis meses a pie de calle (entre junio y diciembre de 2020) tomando el pulso por toda la Isla a la realidad del segmento de población más vulnerable. El coordinador del proyecto UMAC (Unidad Móvil de Atención en Calle), José Antonio Díez, manifestó a este periódico que “algo más de la mitad” de las personas sin hogar en la comarca sur son de nacionalidad española, “muchas de ellas peninsulares que han hecho su vida aquí y que, al no tener empleo ni contar con una red de apoyo, han ido cayendo”.

Díez advierte de que el volumen de casos en el Sur es “muy significativo” comparado con el resto de la Isla y que los efectos del frenazo económico a causa del apagón turístico seguirán pasando factura en numerosos hogares si los hoteles no empiezan a llenarse de aquí al verano. “Los ERTE han permitido más o menos aguantar los alquileres, pero a muchos no les da y están tirando de ahorros en el mejor de los casos; nos preocupa la situación extrema que amenaza a familias completas en los próximos meses si no arranca el motor turístico pronto, porque mayoritariamente son trabajadores que ocupaban los puestos de trabajo más inestables”.

Proyectos de vida

El coordinador del proyecto de Cáritas teme que ese otro perfil de personas sin hogar, que empieza a desplazar al estereotipo de individuo solitario, continúe creciendo. “Ya nos encontramos con muchos comunitarios que trabajaban y tenían su vida de residente más o menos normalizada y con otros que vinieron con opciones de encontrar empleo en el Sur y sus planes se han ido al traste”, describe Díez, que también ha comprobado la proliferación de “pequeños grupos de extracomunitarios que han llegado hace poco y se han quedado bloqueados sin encontrar alternativa por su situación administrativa”.

El coordinador de la Unidad Móvil de Atención en Calle lamenta que la respuesta de la Administración no sea más ágil ante la emergencia de los demandantes de una ayuda pública. Reconoce que cuando se inició el estudio los cinco equipos repartidos por la Isla, compuestos por una trabajadora social y un educador social, partían con la idea, basada en diagnósticos anteriores, de una suma de casos individuales, pero se toparon con una realidad que se consolida con el paso de los meses: “Nos encontramos con unidades familiares enteras con menores, lo que nos revela una nueva visión del colectivo sin hogar en la Isla, que requiere promover políticas sociales que eviten que nuevas familias sigan cayendo al pozo”. Además de la pandemia, persiste una de las dificultades históricas que afectan a los más desfavorecidos: el reconocimiento del empadronamiento, requisito clave para evitar el bloqueo administrativo y movilizar los accesos a las ayudas y al apoyo especializado.

Alquiler y empleo

Pero desde Cáritas también se enfatiza en los dos principales desencadenantes que han llevado al abismo a la mayoría de estas personas: el difícil acceso a una vivienda de alquiler (“les cuesta horrores conseguir o estabilizar un alquiler, aunque sea de una habitación”) y la inestabilidad laboral, donde las condiciones existentes chocan con el funcionamiento del mercado del alquiler. A estos dos factores se pueden añadir otros que complican el panorama aún más, como posibles discapacidades, adicciones, la condición de persona extranjera sin regulación o la pérdida de la residencia.

Sobre los últimos desmantelamientos de los asentamientos en La Caleta (Adeje) y en la costa de Granadilla, Díez sostiene que “los municipios que respaldan este tipo de desalojos, generalmente por ocupar la costa, no apoyan luego que los servicios sociales valoren la situación de estas personas”, aunque confirmó que se empiezan a dar pasos en esa dirección con ayuntamientos como el de Adeje. Aunque la función principal es conectar a las personas sin recursos con la Administración local para que intervengan los servicios sociales, Cáritas también ofrece ayudas en los casos más graves mediante tarjetas para comprar en supermercados, bonos de transporte para realizar tramitaciones y reparto de enseres, desde un saco de dormir a un hornillo.

El proyecto UMAC se gestó en 2016 en La Palma, donde se realizó el primer diagnóstico, con dos objetivos principales: analizar la situación y poner a las personas afectadas en la senda de los servicios sociales de los ayuntamientos y las redes de apoyo.

 

                                                     Reportaje publicado en el periódico Diario de Avisos (Autor: Juan Carlos Mateu)