Cáritas trabaja en un diagnóstico sobre la cifra de personas en situación de sin hogar en Tenerife

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Cáritas Diocesana de Tenerife lleva cuatro décadas de trabajo para ayudar a personas que carecen de hogar. Desde hace poco más de un año, en la Isla se implantó el proyecto de Unidad Móvil de Atención en la Calle (UMAC) para intentar poner en contacto a quienes carecen de una vivienda digna con las administraciones. De esa manera, se reproducía la experiencia implantada en La Palma desde el 2017, ante la evidencia de un aumento de los ciudadanos que residen en cuevas, barrancos, infraviviendas, inmuebles semiderruidos o, por ejemplo, coches que no fueron fabricados para servir de casas. Durante las semanas más duras del confinamiento por el Covid-19, este problema social resultó más visible, como expone la coordinadora del departamento de Acción Social de Cáritas, Úrsula Peñate. El Cabildo de Tenerife ha encargado a esta organización no gubernamental la elaboración de un diagnóstico del fenómeno del sinhogarismo en todo el territorio insular, municipio por municipio.

Hasta la puesta en marcha de las UMAC, el trabajo de esta institución de la Iglesia católica con las personas sin hogar se centraba, de forma principal, en ofrecer recursos alojativos con carácter temporal. Peñate explica que la entidad gestiona siete centros en la Isla. Uno de ellos está dedicado, de forma específica, para mujeres y otro solo a mujeres con hijos menores a su cargo. Cuatro recursos están preparados para albergar a varones. Y un último recinto «de mínima exigencia» se destina a hombres con algún tipo de problema de salud mental o con adicciones activas por alcoholismo o consumo de droga. El único requisito que se exige es que el beneficiario esté tranquilo, para no afectar la convivencia con el resto de personas. Con el apoyo de un educador y un trabajador social, a los usuarios se les ofrece orientación e información. Permanecen abiertos desde las ocho de la tarde hasta las ocho de la mañana. El personal de la ONG les permite darse una ducha, disfrutar de una cena fuerte, una cama y el desayuno.

Las otras ‘puertas giratorias’

Estos recintos se convierten en «puertas giratorias» para muchos de los hombres y mujeres atendidos, ya que sin la formación suficiente, sin la experiencia necesaria y con el acceso a trabajos precarios resulta muy probable que regresen a los citados recursos antes o después. La coordinadora del área de Acción Social de Cáritas recuerda que uno de los grandes obstáculos de las personas sin hogar es que no están empadronadas en el municipio donde residen o no se les permite, precisamente, porque no pueden acreditar un domicilio convencional. Sin embargo, tanto Úrsula Peñate como las integrantes de la UMAC de la zona de Abona Arantza Méndez y Elisabeth Marcelino advierten de que estas personas tienen el derecho a empadronarse allí donde duerman, «aunque sea debajo de un árbol». Según Peñate, «son procesos largos y complejos». Esa carencia de una residencia estable también imposibilita o dificulta de forma considerable que los afectados tengan acceso a otros derechos, como la ayuda de Servicios Sociales, a los servicios sanitarios, la intimidad, a un puesto de trabajo o a la buena administración.

Trabajo por zonas

Las cinco unidades móviles de actuación en la calle están distribuidas por varias zonas: el Valle de La Orotava, de San Juan de la Rambla a Guía de Isora, desde Adeje hasta Granadilla de Abona, Arico-El Rosario y de La Laguna hasta Santa Úrsula. En Santa Cruz de Tenerife ya cubre ese servicio la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA) del Ayuntamiento. En los meses de confinamiento, la visibilización de los ciudadanos sin hogar se hizo más evidente. Peñate estima que en toda la Isla se pudo contactar con unas 600 personas en total y a unas 300 se les pudo suministrar alimentos, agua potable, medicamentos o productos de higiene. En el caso del Puerto de la Cruz, además de la atención en la calle, a estas personas se les ofreció duchas y un hotel cedió parte de sus habitaciones para alojar a una veintena de ciudadanos sin hogar.

La información recopilada por las UMAC se puso en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, del Gobierno de Canarias, del Cabildo tinerfeño y de la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito. El principal problema se ha detectado en el Valle de La Orotava y en el Sur de Tenerife, sobre todo en los municipios de Adeje, Arona y Granadilla. En cuanto a la procedencia de estas personas, la coordinadora de Acción Social dice que «hay de todo», pero, de forma general, en el Norte de Tenerife y en La Palma se actúa, de forma mayoritaria, con canarios, mientras que en el Sur de Tenerife resulta evidente la presencia de hombres y mujeres llegados de otros países. Muchos de ellos subsisten de la mendicidad o de la economía sumergida.

Desalojos masivos

Para la responsable de las UMAC, «cuando tratamos de ocultar un problema de este tipo en nuestro municipio, no se soluciona, sino que se traslada a otro lugar». En las últimas semanas se han producido desalojos masivos de este tipo de ciudadanos en el sitio de interés científico de La Caleta, en el municipio de Adeje, y en la franja litoral entre Las Maretas y Puerto Clérigo, en Granadilla de Abona. Peñate aclara que, si no se les da una alternativa válida, los afectados «irán a otro sitio». Desde su punto de vista, los organismos públicos no ponen el foco en la necesidad que tienen estos ciudadanos de disponer de una casa. Recuerda que, con el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ante la imposibilidad de repatriar a los inmigrantes en situación irregular, «esta gente no se evapora y acude a vivir donde puede o donde la acojan».

A través de las Unidades Móviles de Atención en la Calle, el objetivo de Cáritas es detectar estas situaciones, visibilizarlas y generar un círculo de confianza, que permita «minimizar daños o desarrollar un proceso de intervención para que los afectados consigan salir adelante»; es decir, tender puentes entre los ciudadanos sin hogar y las administraciones.

Los últimos y no atendidos

Cáritas también interviene con otro tipo de ciudadanos. Hace tres años, la institución y el Cabildo de Tenerife iniciaron el proyecto Base 25, que actúa con familias en riesgo de perder su vivienda habitual, por un desahucio de alquiler, por una ejecución hipotecaria o por un desahucio en precario (una ocupación ilegal). En la iniciativa participan trabajadores sociales y juristas, que asesoran y median para intentar frenar estos procesos. Para Peñate, «si salen de sus casas es muy difícil que logren entrar en otra, sobre todo por sus escasos ingresos y la situación actual del mercado inmobiliario». Manifiesta que «las ayudas al alquiler son escasas o nulas en muchos ayuntamientos» y el Archipiélago es una de las comunidades autónomas con los alquileres más elevados. Ante esa situación, existen vecinos que cobran las pensiones no contributivas, con más de 65 años, que no pueden permitirse alquilar un piso.

«Hasta que no se garantice el derecho a la vivienda es probable que el fenómeno del sinhogarismo siga creciendo en una comunidad donde no baja el paro», aclara Úrsula Peñate. Y añade que los recursos alojativos de carácter temporal existentes, como los gestionados por ONG o el Albergue Municipal de Santa Cruz de Tenerife, resultan insuficientes. Lamenta que, hasta el momento, «no se han aplicado estrategias políticas para afrontar el problema de forma estructural. En palabras de la coordinadora de Acción Social de Cáritas, «el objetivo es estar con los últimos y no atendidos», mientras el problema de la falta de hogar sigue creciendo y desde las instituciones públicas no se ofrecen respuestas a corto, medio o largo plazo.

 

                                                                    Artículo publicado en el periódico El Día de Tenerife (Autor: Pedro Fumero)