El proyecto «Base 25» de Cáritas Diocesana de Tenerife ha atendido desde 2017 a 91 familias de La Laguna en riesgo de desahucio

Viviendas

El proyecto Base 25 de Cáritas Tenerife ha atendido, desde 2017 hasta octubre de este 2019, a 91 familias de La Laguna en riesgo de perder su vivienda habitual, o que ya la han perdido, en el marco del convenio de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento de La Laguna. En concreto, según datos del proyecto Base 25, estas 91 familias suponen un total de 161 adultos y 110 menores, y de estos 91 casos, 25 de ellos permanecen aún activos hoy en día.

Desde este proyecto se trabaja acompañando y asesorando a estas familias y personas “desde la intervención social y jurídica para que entiendan bien el procedimiento y conozcan sus derechos, deberes y los plazos legales, pues muchas veces no conocen sus opciones legales”, explica Alejandra Hernández, coordinadora del proyecto. “También los acompañamos a través del programa de Empleo de Cáritas y puntualmente podemos dar alguna ayuda económica, especialmente cuando hay un cambio de domicilio, porque para entrar en nueva vivienda hay que pagar fianza o inmobiliaria, pero siempre en coordinación con el Ayuntamiento”, añade.

Las situaciones con las que trata este proyecto de Cáritas van desde ejecuciones hipotecarias, hasta desahucios por impagos de alquiler o por no titularidad de la vivienda, tratándose en este último caso de ocupaciones de casas vacías porque esa persona “no tiene otra alternativa habitacional, y luego están las situaciones que podemos considerar ocupaciones sobrevenidas”, indica Alejandra Hernández. Se trata, en concreto, de personas “que tienen un contrato legal de alquiler o con un propietario particular o con una constructora, pero a ese propietario o constructora le ejecutan la vivienda porque tiene impagos y entonces la persona que se queda dentro se queda en una especie de limbo legal”, explica.

“Y a veces hay casos de precario de aquellas personas que no tienen un vínculo legal con la vivienda, como las personas usufructuarias cuando ese usufructo no está regularizado, que es muy frecuente -continúa explicando-. En La Laguna, por ejemplo hemos tenido varios casos de “yo vivía en la casa de mi tía soltera y me quedé cuidando de ella, y falleció y sus hermanos herederos la quieren vender y yo no tengo donde irme”. Y casos en los que hay una separación, y en la mayoría de las veces la guardia y custodia de los hijos es para la madre, que se queda con la vivienda, pero una vez los hijos alcanzan la mayoría de edad, el padre solicita el uso y disfrute de la vivienda y tiene derecho a recuperarla y entonces la exmujer tiene que salir de allí”.

Ejecuciones hipotecarias

Sea cual sea la situación que ha provocado el riesgo de pérdida de la vivienda, en todos los casos se trata de “familias que no tienen otras alternativas alojativas, es su única vivienda, y con problemas económicos y no pueden afrontar trasladarse a otra vivienda con los requisitos legales que hay ahora mismo para comprar una vivienda o para acceder al mercado del alquiler”, apunta Alejandra Hernández.

En el caso concreto del municipio de La Laguna, desde el proyecto Base 25 se han encontrado con todos estos casos, pero la mayoría de los atendidos han sido por impagos en el alquiler, seguidos por ocupación ilegal de viviendas bancarias. “Pasa con el típico bloque de viviendas que la promotora terminó, pero que nunca se entregó porque pinchó con la burbuja inmobiliaria. Entonces un grupo de personas se organizan y deciden ocupar esas viviendas porque no tienen otra alternativa alojativa”, señala Hernández.

En el caso de riesgo de desahucios por ejecuciones hipotecarias, la responsable del proyecto explica que “hace diez años había muchísimos casos y ahora no tantos, pero no porque ya no haya personas con ese problema, sino porque están acogidos a la moratoria que hay hasta mayo de 2020, pero cuando se acabe van a saltar muchos casos”. Cabe recordar que el Estado aprobó en 2012 una moratoria de las ejecuciones hipotecarias que afectasen a colectivos especialmente vulnerables, y que se ha ido prorrogando hasta la última fecha anunciada, mayo de 2020.

Además, en base a este código de buenas prácticas bancarias, “a personas que se les ejecutaron la hipoteca, se les facilitó un alquiler social en esa vivienda, lo que pasa es que la situación de vulnerabilidad era tan grande que muchas familias tampoco podían pagar estos alquileres. Entonces, algunos casos que tenemos de desahucios por impago de alquiler son de viviendas donde se les ejecutó la hipoteca”, apunta Hernández.

Siguiendo con los datos del proyecto Base 25 en La Laguna, el 75% de las personas atendidas son de nacionalidad española, tratándose el 60,25% de mujeres y el 39,75% restante, de hombres. Asimismo, los hogares monoparentales siguen sido el perfil más habitual (41,78%), seguidos por hogares de una pareja con hijos (28,57%).

Desde el proyecto no cuentan con los datos desglosados por zonas, pero “sí que puedo decir que la gran mayoría de los casos que tenemos en La Laguna los tenemos en los barrios, es decir, en Taco, Finca España, La Cuesta… donde vive la población media, los trabajadores y las personas con ingresos más bajos. Del centro tenemos muchos menos, son situaciones más concretas”.

Cambios en las prestaciones

A juicio de la responsable del proyecto, “hacen falta más viviendas sociales” ya que “tenemos muchos casos para los que esa es la única alternativa”. “Y si no hay vivienda social, hay gente que se queda en la calle y hemos tenido gente, en La Laguna y en otros municipios, que ha terminado viviendo en locales, acogidos por familiares, que han tenido que ocupar una vivienda…”, apunta Alejandra Hernández.

“Desde Cáritas siempre decimos que la vivienda es un derecho humano y un derecho constitucional, no puede ser un bien de lujo y especulación, y la administración tiene el deber de facilitar el acceso de las personas a la vivienda. Siempre va a haber familias muy vulnerables que no puedan acceder de otra manera a la vivienda sino es a través de una vivienda social”, enfatiza.

A este respecto, cabe recordar que en el último Pleno de La Laguna se aprobó la creación del primer Plan Municipal de Vivienda, con el objetivo de ordenar, programar y coordinar la actividad de promoción y gestión de vivienda de protección pública, entre otros. “Uno de los grandes dramas que tenemos en La Laguna y en Canarias es la falta de viviendas para dar alternativas a familias que literalmente no tienen posibilidad de ir al mercado privado de la vivienda”, reconoció el edil de Bienestar Social, Rubens Ascanio, en el último Pleno.

Por otra parte, Alejandra Hernández también apunta a una serie de dificultades a la hora de conceder prestaciones sociales desde el Ayuntamiento de La Laguna, ya que, por ejemplo, “para tramitarle una prestación a una persona tiene que llevar seis meses empadronado”. Y, además, “no dan ayudas de alquiler hasta que la personas tengan una deuda reconocida, y cuando eso pasa tiene que colaborar la parte propietaria, y a lo mejor no quiere. Entonces, tienes que tener la situación muy cruda para que el Ayuntamiento preste la ayuda del alquiler”, añade. Aun así, la responsable del proyecto apunta que “es verdad que el nuevo Gobierno, una de las cosas que ha dicho públicamente, es que tienen que revisar todo este tipo de cuestiones”. Algo confirmado por el propio concejal de Bienestar Social, quien ha manifestado que están trabajando en este sentido.

 

                                                                                                                                                                  Publicado en el periódico Diario de Avisos