El proyecto «Base 25» de Cáritas Diocesana de Tenerife atendió en 2020 a 552 familias en riesgo de perder su casa

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El proyecto denominado «Base 25» de Cáritas Diocesana de Tenerife pretende servir como vehículo para informar y asesorar a aquellas familias y personas que están en riesgo de perder su vivienda de alquiler por diversas circunstancias o que pueden verse afectadas por una ejecución hipotecaria. A lo largo del pasado año, el personal de esta iniciativa ayudó a más de medio millar de familias en la isla de Tenerife. La coordinadora de la experiencia, María Alejandra Hernández, explica que la asistencia aumentó en el 2020 un 26% respecto a la labor desempeñada el 2019 por el citado recurso de la ONG.

La actividad de «Base 25», que comenzó a finales del 2016 y comienzos del 2017, y pretende cubrir el vacío del desconocimiento que muchas personas tienen sobre sus deberes y derechos respecto a las casas donde residen. Según Hernández, en el ámbito del alquiler, los problemas más frecuentes suelen estar relacionados con una solicitud para que abandonen el inmueble antes de que se cumpla el contrato o, sobre todo, las dificultades para hacer frente al pago del arrendamiento.

Los casos pueden llegar a este servicio a través de diferentes ayuntamientos, por otras entidades sociales o bien, de forma directa, por la petición de los propios afectados. Cuando llega un asunto, el personal lo analiza de forma detenida para saber si se puede ofrecer ayuda o ya es demasiado tarde, apunta la coordinadora. En el supuesto de que exista margen de maniobra, a partir de ese momento, una trabajadora social o una abogada pueden desempeñar las acciones que correspondan. Durante el 2020, se ofreció asesoramiento a 552 familias, con 946 adultos y 598 menores de edad; es decir, 1.546 personas en total. Es demasiado tarde si el volumen de las cantidades impagadas es muy elevado, o bien si ya existe una sentencia firme sobre el caso.

El mayor crecimiento en demandas de apoyo se ha registrado en los municipios de Arona y Granadilla de Abona, mientras que en un nivel más estable se mantienen los casos en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. No obstante, las técnicos también han detectado un aumento de las solicitudes de vecinos de Adeje y del Puerto de la Cruz. El año pasado hubo 124 peticiones en Arona y 84 en Granadilla de Abona. En La Laguna se contabilizaron 86 y en Santa Cruz de Tenerife, 78. Además, desde Adeje llegaron 32 asuntos y del Puerto de la Cruz, 28. Para Alejandra Hernández, en los mencionados datos se refleja el parón de la actividad turística en municipios que dependen muy directamente de la misma.

Perfil de los afectados

Para la responsable de «Base 25», el perfil de los más afectados por el riesgo de perder su vivienda son quienes ya arrastraban retrasos e impagos, los trabajadores temporales que perdieron su empleo, aquellos que dependen de la economía informal o sumergida, así como los autónomos. En puntuales ocasiones, desde este proyecto de Cáritas Diocesana de Tenerife se ofrece apoyo económico. Se trata de aquellos casos en que las familias ya han agotado todas las ayudas procedentes de diversas administraciones y solo en las situaciones en que “creemos que con ese pago se resuelve el riesgo de pérdida del alquiler”.

En la mitad de los expedientes abiertos solo se ofrece asesoramiento, pues las personas afectadas no saben qué opciones tienen a nivel legal, pues hay un desconocimiento real de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tanto por el inquilino como por parte de algunos arrendador. Apunta Alejandra Hernández que el objetivo es que, con toda la información que se les facilite, los beneficiarios del proyecto tomen las decisiones adecuadas. Unas veces es el personal de «Base 25» quien negocia con los caseros, pero en otras son los propios ciudadanos solicitantes de asesoramiento quien, tras obtener los datos adecuados, se encargan de intentar resolver su problema.

Apunta la coordinadora del proyecto que en un 13% de los episodios, los ciudadanos perdieron su vivienda. En la mayoría de los casos, un 10%, los afectados optan por otras alternativas, como ir de forma temporal a la casa de un familiar o un amigo. Y en el 3% restante, los solicitantes de ayuda optan por ingresar en un recurso de acogida del sistema destinados a personas solas o madres con hijos a cargo, por ejemplo.

La responsable de dicha iniciativa de Cáritas estima que “ya había un problema real y significativo” en materia de vivienda antes de la pandemia, pero desde marzo la situación se ha agravado. “Las personas que estaban mal antes, por su dificultad para pagar un alquiler, ahora se hallan mucho peor, mientras que muchas de quienes con anterioridad podían afrontar el pago del arrendamiento o de la hipoteca, ahora ya no pueden”, afirma.

La burocracia y la oferta pública

La coordinadora de «Base 25» cita el obstáculo de la burocracia. Como muestra, aclara Hernández que, en el confinamiento, el Gobierno de Canarias sacó las ayudas para aquellos inquilinos que estuvieran al corriente de sus pagos y que, por motivo del covid-19, empezaron a tener dificultades; pero las solicitudes de algunas aportaciones se resolvieron en diciembre. Para Alejandra Hernández, “hay perfiles tan vulnerables que no se sostienen en el ámbito del mercado libre del alquiler y que deberían tener acceso a una vivienda social”.

En su opinión, un ejemplo claro de esta realidad son los “perceptores de pensiones no contributivas”, pues no les resulta fácil pagar los precios de los arrendamientos. Pero lamenta que, hasta ahora, la oferta de viviendas sociales por parte de las administraciones resulta irrisoria si se compara con la demanda, que asciende a unas 17.000 personas en toda Canarias, según el registro público. Este déficit se pretende resolver con el nuevo Plan de Vivienda del Ejecutivo autónomo para el periodo 2020-2025.

 

                                                                Artículo publicado en el periódico El Día de Tenerife (Autor: Pedro Fumero)