Cáritas Diocesana de Tenerife celebró ayer sus III Jornadas Técnicas Jurídicas, en las que se abordó el complejo tema del empadronamiento. Bajo el título, “El derecho a ser vecino/a”, las jornadas estuvieron organizadas por el Gabinete Jurídico de la entidad, en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC). El director de la entidad católica, Juan Rognoni, y el decano de la Facultad, José Antonio Batista, fueron los encargados de dar la bienvenida a los asistentes e inaugurar el encuentro.
De la mano de distintos expertos, como Sonia Olea, abogada, miembro del Equipo de Incidencia Política y Análisis Jurídico de Cáritas Española y Máster en Derechos Humanos; o Sonia Lacalle, abogada de la Asesoría Jurídica de la Cáritas Diocesana de Barcelona, las citadas jornadas trataban de unificar criterios acerca del empadronamiento, partiendo del marco legal, analizando además los supuestos más conflictivos. También participaron el abogado y asesor jurídico del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y la coordinadora del proyecto “Base 25” (de prevención de la exclusión residencial) de Cáritas Diocesana de Tenerife, Alejandra Hernández.
Supuestos conflictivos
Desde la publicación en el BOE de la Resolución de 17 de febrero de 2020, emitida por la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, se dictaron una serie de instrucciones para los Ayuntamientos, indicando, entre otras cuestiones, algunos supuestos conflictivos, y el modo de aplicar los criterios legales para resolverlos.
En el encuentro se dieron cita representantes y personal técnico de cerca de una veintena de ayuntamientos de la isla, de distintas entidades públicas y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como alumnado de la propia universidad lagunera.
Actualizado 23 noviembre, 2023
