La vivienda es un Derecho Humano, necesario para preservar la dignidad de todas las personas. Las circunstancias sobrevenidas a raíz de la pandemia mundial provocada por la Covid-19 nos han resituado en un nuevo mapa histórico, en el que emerge una sociedad mucho más frágil y vulnerable, poniendo a la luz la realidad de muchas personas en situación de exclusión residencial extrema sobreviviendo en lugares poco salubres y dignos.
Cáritas Diocesana de Tenerife lleva más de 50 años acompañando a este colectivo en la provincia, sobre el que hasta ahora no existía ningún estudio sistemático que permitiera diseñar políticas de inclusión social y una adecuada planificación de estrategias eficaces de acción. Esta realidad fue la que hizo que la entidad, con el apoyo del Cabildo de Tenerife y el asesoramiento metodológico de la Red de Acción e Investigación Social, decidiera llevar a cabo un diagnóstico riguroso sobre el sinhogarismo en la Isla, contribuyendo con ello a dar voz a las personas protagonistas.
Alojamientos semiderruidos
Fruto de este estudio, realizado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, se contabilizaron un total de 1.784 personas en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife. De ellas, 603 son personas sin techo que pernoctan en espacios públicos a la intemperie; 470 se alojan en un recurso nocturno tipo albergue; 226 personas viven en viviendas con un régimen de tenencia insegura; 318 en estructuras temporales o autoconstruidas (chabolas, cuevas, etc.) y 167 personas viven en alojamientos semiderruidos que no son apropiados para vivir.
El 60% de las personas que están en esta situación de exclusión residencial extrema llevan más de un año sin hogar. Además, en el 33,7% de los casos la persona lleva más de tres años así. El sinhogarismo tiene mayor presencia en la zona metropolitana, aunque es una realidad que afecta a toda la Isla. Los municipios con más incidencia son Santa Cruz de Tenerife, con 839 personas identificadas; La Laguna, con 217; Puerto de la Cruz, con 135; Arona, con 133; y Adeje, con 100.
En cuanto a la edad, el grupo más numeroso está entre los 46 y los 55 años. Además, el estudio ha identificado al menos 78 menores de edad. Todos ellos conviven con sus tutores legales, perteneciendo a una unidad familiar completa en situación de sin hogar. Estos modelos familiares son generalmente monomarentales, en algunos casos con antecedentes de violencia de género, y en otros con trayectorias en el sistema de protección de menores, con rentas mínimas o sin ingresos.
Las mujeres sufren «doble exclusión»
Los datos del estudio, desagregados por sexo, evidencian que las mujeres representan el 21,4% de las personas en situación de sinhogarismo. Para ellas, asumir estar solas implica sufrir “doble exclusión”, la situación de estar sin hogar y la de exponerse a episodios de violencia, discriminación e inseguridad. Ello deriva en consecuencias directas en su salud física y emocional (agresiones, violaciones) y a nivel económico (tienen mayor índice de pobreza, desempleo, trabajos precarios, etc).
El 46,7% de las mujeres en situación de exclusión residencial extrema tiene entre 18 y 45 años. Además, más del 70% ha sufrido insultos o vejaciones, o han sido víctimas de robos; y el 60,4% ha sufrido violencia de género. Por ello, desde Cáritas entendemos que es preciso que a la hora de abordar el sinhogarismo se contemplen entre los objetivos y las medidas que se lleven a cabo las especificidades de las mujeres sin hogar.
Respecto a los países de origen, el 35,6% de las personas sin hogar residentes en Tenerife son de origen extranjero. Se trata de personas originarias de 65 países diferentes, aunque los colectivos más numerosos son los marroquíes, venezolanos e italianos. Cerca de un 40% está en situación administrativa irregular. El 40,7% asegura haber tenido dificultades de acceso a asesoramiento jurídico. Otra barrera es el acceso a la documentación identificativa. En muchos casos, es necesario trasladarse a la Península para renovar esta documentación, algo mucho más complejo para estas personas en situación administrativa irregular, que no poseen ningún documento que les permita viajar, por lo que quedan totalmente indocumentados y aislados de la sociedad, no pudiendo ejercer ninguno de sus derechos.
Vulneraciones de derechos
Las principales vulneraciones a los derechos humanos, más allá de la propia situación de exclusión residencial, tienen que ver con el acceso al agua potable y al saneamiento y al derecho a una buena administración (gestión de tramitaciones, información o asesoramiento por sistemas telemáticos, empadronamiento, etc.) que afectan a tres de cada cuatro personas encuestadas. Otras dificultades están vinculadas al acceso a la protección social y a la salud, por carecer de medios para el traslado, no estar empadronados o no tener tarjeta sanitaria, así como las dificultades acceso a la formación por no disponer de medios económicos.
Los resultados de este estudio derivan, por un lado, de la sistematización de los datos recogidos gracias a la cooperación de diferentes recursos especializados (Centro Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Santa Cruz, Programa de Atención de Cruz Roja en La Laguna y los diferentes recursos especializados de Cáritas Diocesana de Tenerife -Café y Calor, Base 25 y UMAC), así como de las 619 personas encuestadas por el personal técnico del proyecto de Unidades Móviles de Atención en Calle, que cuenta con cinco equipos en la zona Norte, Sur y área metropolitana.
Propuestas
El trabajo elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife, en resumen, pone de manifiesto que las personas en situación de exclusión residencial extrema ven negado el ejercicio de su ciudadanía y son privadas del acceso a muchos de sus derechos básicos, como la asistencia sanitaria, la vivienda, la protección social, el empadronamiento o la participación vecinal. Por ello, Cáritas realiza una serie de propuestas concretas para avanzar en un escenario de reconstrucción social, que tenga especialmente en cuenta a las personas sin hogar. Entre ellas, consideramos que:
- Canarias, dando seguimiento a la Agenda Urbana Española y las recomendaciones publicadas en varios informes de la Defensoría del Pueblo estatal, debe implementar el “diseño y la ejecución de un diagnóstico sobre la realidad de la vivienda en su territorio: vivienda pública, vivienda social, vivienda vacía pública y privada, vivienda privada, rango de tenencia, costos, normativas de acceso para las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, etc”.
- Es urgente y necesario evaluar la realidad y ver qué municipios de las Islas están en situación de mayor vulnerabilidad. Para ello, consideramos que se debería por realizar un censo actualizado de vivienda de titularidad pública y buen uso de la misma, recuperando y rehabilitando la vivienda pública vacía.
- Hay que establecer protocolos regionales de coordinación entre Servicios Sociales y juzgados en los casos de desalojos forzosos, que hagan posible la aplicación de la normativa estatal e internacional, para evitar desalojos de personas y familias sin alternativa alojativa.
- Se deberían adoptar todas las medidas necesarias, mediante la asignación de recursos suficientes, para hacer frente al déficit de vivienda social, especialmente para las personas y grupos más desfavorecidos y marginados.
- Hay que incluir la falta de vivienda como situación de emergencia, independientemente de la situación de regularidad administrativa de la persona. Así, se debería proveer de plazas de alojamiento inmediato/pisos compartidos, habitaciones en hostales, etc, mientras se garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada.
