Con motivo de la celebración de la Semana de las Personas en Situación de Sin Hogar, participantes de nuestros recursos alojativos y personas que acompañamos en situación de calle, se han concentrado esta mañana a las puertas del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) en Santa Cruz de Tenerife.
Con este acto, donde han estado arropados por personal técnico de nuestra entidad y por algunas personas voluntarias, el colectivo de personas sin hogar ha querido reivindicar su derecho a una vivienda digna y segura. Han recordado con sus cánticos a la Administración pública que las personas sin hogar viven sin cobertura sanitaria, social ni legal. Sin un hogar digno. Sin apoyo y sin red.
Desde hace más de 30 años, Cáritas Diocesana de Tenerife viene trabajando para hacer visible la vulnerabilidad extrema de las personas que quedan al margen: al margen de las relaciones sociales, del espacio público normalizado, del acceso a su derecho de vivienda, empleo y protección social.
Exclusión residencial extrema
Con la financiación del Cabildo de Tenerife y la ayuda de la Red de Acción e Investigación Social, el pasado mes de julio publicamos el II Estudio sobre Exclusión Residencial Extrema en la isla, donde se constata que las situaciones de exclusión residencial extrema siguen creciendo, siendo casi 1.000 personas más que el año pasado (2.738). Un 42,8% de los casos (1.173 personas) son consecuencia directa de la crisis producida por la COVID19, mientras que el 56,2% (1.565 personas) ya estaban en esta situación antes. Así, observamos una cronificación de estas situaciones, representando un 62,9%, las personas que llevan más de un año en exclusión residencial extrema y un 32,5%, las que llevan como mínimo tres años.
Se trata de una realidad que afecta a todos los municipios de la isla, con especial virulencia en la zona metropolitana (Santa Cruz y La Laguna) y los municipios turísticos de Arona, Adeje, Puerto de La Cruz y Granadilla de Abona. Algunos de ellos con planes estratégicos de intervención con el colectivo desde una mirada de prestación de servicios pero, en ningún caso, con planes operativos actuales de acceso al derecho a una vivienda digna y adecuada.
El 37,1% de las personas localizadas (1.017) duermen en la calle o en espacios públicos, al raso, en tiendas de campaña, o en vehículos no habilitados para ello, seguidos de un 15,8% de personas (433) que viven en estructuras temporales y no convencionales –caravanas, cabañas, chabolas, cuevas, autoconstrucciones eventuales- que no cumplen criterios de habitabilidad. De estas 2.738 personas localizadas, un 57,5% son personas nacionales, frente a un 37,4% de origen extranjero, estando tan solo en situación administrativa irregular un 12,4% de las personas, pero encontrando mayores dificultades y barreras administrativas para el acceso a derechos y la regularización de su situación.
Aumento de mujeres en situación de calle
El trabajo elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife también refleja un incremento de mujeres en situación de exclusión residencial extrema. No en vano, una de cada 4 personas en situación de sinhogarismo es mujer (25,6%). Además, han aumentando especialmente las unidades familiares monomarentales identificadas (60) vinculadas a infraviviendas o viviendas inseguras, y, por lo tanto, los y las menores en esta situación (150). La edad media de las personas en esta situación está entre los 35 y los 55 años, aunque se han incrementado los/las jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años procedentes del sistema de protección de menores (7,8%), y los mayores de 65 años (154 personas), por no tener acceso a centros sociosanitarios ni ingresos suficientes que garanticen su acceso a una vivienda digna.
Las administraciones locales, en su mayoría, siguen obstaculizando el acceso a derechos, interponiendo barreras para el empadronamiento de las personas en situación de exclusión residencial extrema, dificultando el ejercicio de determinados derechos humanos, como el acceso a la sanidad, la educación, el acceso a los servicios sociales, etc. que dependen de estar inscritos en el padrón. A esto se le suman las medidas adoptadas por la administración pública en tiempos de COVID, cerrando los servicios y con acceso exclusivo telemático, dificultando una vez más el acceso de estas personas a los servicios sociales y sanitarios debido a la brecha digital y a la imposibilidad en muchas ocasiones de acceder a dispositivos móviles, contratación de líneas e incluso a recargar el móvil si se queda sin batería.
Por ello, desde Cáritas seguimos reclamando la implementación de políticas públicas reales de acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía, priorizando en los colectivos más vulnerables.
Actualizado 23 noviembre, 2022
