La vivienda es un Derecho Humano, necesario para preservar la dignidad de todas las personas. Las circunstancias sobrevenidas a raíz de la pandemia mundial provocada por la Covid-19 nos han resituado en un nuevo mapa histórico, en el que emerge una sociedad mucho más frágil y vulnerable, poniendo a la luz la realidad de muchas personas en situación de exclusión residencial extrema sobreviviendo en lugares poco salubres y dignos.
Cáritas Diocesana de Tenerife lleva más de 50 años acompañando a este colectivo en la provincia, sobre el que no existía ningún estudio sistemático que permitiera diseñar políticas de inclusión social y una adecuada planificación de estrategias eficaces de acción. Esta realidad fue la que hizo que la entidad, con el apoyo del Cabildo de Tenerife y el asesoramiento metodológico de la Red de Acción e Investigación Social, decidiera llevar a cabo un diagnóstico riguroso sobre el sinhogarismo en la Isla, contribuyendo con ello a dar voz a las personas protagonistas. Un año después de aquello, y de nuevo con la financiación del Cabildo y la ayuda de la Red de Acción e Investigación Social, se han actualizado los datos y se ha realizado una comparativa con aquel primer trabajo, poniendo especial atención en las consecuencias que el COVID19 ha producido en referencia a la exclusión residencial extrema. Hoy se ha llevado a cabo la presentación de dicho documento, en la sede de la institución insular en Santa Cruz de Tenerife.
Cronificación
Fruto del mismo, Cáritas Diocesana de Tenerife ha constatado que las situaciones de exclusión residencial extrema siguen creciendo, siendo casi 1.000 personas más que el año pasado (2.738). Un 42,8% de los casos (1.173 personas) son consecuencia directa de la crisis producida por la COVID19, mientras que el 56,2% (1.565 personas) ya estaban en esta situación antes. Así, observamos una cronificación de estas situaciones, representando un 62,9%, las personas que llevan más de un año en exclusión residencial extrema y un 32,5%, las que llevan como mínimo tres años.
Se trata de una realidad que afecta a todos los municipios de la isla, con especial virulencia en la zona metropolitana (Santa Cruz y La Laguna) y los municipios turísticos de Arona, Adeje, Puerto de La Cruz y Granadilla de Abona. Algunos de ellos con planes estratégicos de intervención con el colectivo desde una mirada de prestación de servicios pero, en ningún caso, con planes operativos actuales de acceso al derecho a una vivienda digna y adecuada.
El 37,1% de las personas localizadas (1.017) duermen en la calle o en espacios públicos, al raso, en tiendas de campaña, o en vehículos no habilitados para ello, seguidos de un 15,8% de personas (433) que viven en estructuras temporales y no convencionales –caravanas, cabañas, chabolas, cuevas, autoconstrucciones eventuales- que no cumplen criterios de habitabilidad. De estas 2.738 personas localizadas, un 57,5% son personas nacionales, frente a un 37,4% de origen extranjero, estando tan solo en situación administrativa irregular un 12,4% de las personas, pero encontrando mayores dificultades y barreras administrativas para el acceso a derechos y la regularización de su situación.
Sinhogarismo con rostro de mujer
El trabajo elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife también refleja un incremento de mujeres en situación de exclusión residencial extrema. No en vano, una de cada 4 personas en situación de sinhogarismo es mujer (25,6%). Además, han aumentando especialmente las unidades familiares monomarentales identificadas (60) vinculadas a infraviviendas o viviendas inseguras, y, por lo tanto, los y las menores en esta situación (150).
La edad media de las personas en esta situación está entre los 35 y los 55 años, aunque se han incrementado los/las jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años procedentes del sistema de protección de menores (7,8%), y los mayores de 65 años (154 personas), por no tener acceso a centros sociosanitarios ni ingresos suficientes que garanticen su acceso a una vivienda digna.
Las administraciones locales, en su mayoría, siguen obstaculizando el acceso a derechos, interponiendo barreras para el empadronamiento de las personas en situación de exclusión residencial extrema, dificultando el ejercicio de determinados derechos humanos, como el acceso a la sanidad, la educación, el acceso a los servicios sociales, etc. que dependen de estar inscritos en el padrón. A esto se le suman las medidas adoptadas por la administración pública en tiempos de COVID, cerrando los servicios y con acceso exclusivo telemático, dificultando una vez más el acceso de estas personas a los servicios sociales y sanitarios debido a la brecha digital y a la imposibilidad en muchas ocasiones de acceder a dispositivos móviles, contratación de líneas e incluso a recargar el móvil si se queda sin batería.
Por ello, desde Cáritas seguimos reclamando la implementación de políticas públicas reales de acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía, priorizando en los colectivos más vulnerables. En esta línea, seguimos proponiendo una serie de medidas de ámbito regional, como pueden ser:
- La elaboración de un diagnóstico sobre la realidad de vivienda pública, social, vacía pública y privada. Evaluar la realidad y ver qué municipios están en mayor vulnerabilidad; crear un censo actualizado de vivienda de titularidad pública y buen uso de la misma. Recuperar y rehabilitar vivienda pública vacía. Negociar y comprar vivienda a los grandes tenedores de vivienda para evitar la especulación.
- La paralización efectiva de cualquier tipo de desalojo sin la garantía de un alojamiento alternativo estable y el establecimiento de protocolos de coordinación entre Servicios Sociales y los juzgados.
- La revisión del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, para incorporar estrategias específicas de acceso para este colectivo.
- Incluir la perspectiva de género en la atención a estas personas, generando espacios específicos para ellas.
- La generación de una red de recursos específicos para abordar desde diferentes enfoques las problemáticas añadidas de este colectivo, como pueden ser las adicciones, la salud mental o la patología dual.
- Ampliar la red de centros sociosanitarios, centros de día y alojamientos alternativos para no dependientes y dependientes y favorecer el acceso a de las personas mayores de 60 años.
Igualmente, en el ámbito local proponemos, entre otras:
- La creación de un censo actualizado anualmente y el diagnóstico de las personas en situación de exclusión residencial extrema, para facilitar el establecimiento de planes de intervención integral con el colectivo, evitando su invisibilización.
- Incorporar en los planes de emergencia municipales medidas concretas para actuar y proteger a este colectivo ante las adversidades meteorológicas, bien por lluvia, viento o por calor extremo, crisis sanitarias, derrumbamientos, incendios, etc.
- Unidades específicas de atención vinculadas a los Servicios Sociales municipales, que agilicen y garanticen el acceso a derechos y equipos integrales de calle que actúen como nexo de unión.
- Oficinas de orientación jurídico-administrativa para las personas extranjeras, que además de juristas incluya intérpretes y en total coordinación con los Servicios Sociales municipales.
- Inclusión de la falta de vivienda como situación de emergencia, independientemente de la situación de regularidad administrativa de la persona. Proveer de plazas de alojamiento inmediato con perspectiva de género, mientras se garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada.
- No obstaculizar los procesos de empadronamiento de estas personas y cambiar, en su caso, las bases de régimen local en relación al acceso a las ayudas económicas y los servicios sociales municipales.
Todo esto debería ir complementando con otras medidas de protección que faciliten el acceso de estas personas a los Servicios Sociales, administrativos y sanitarios, teniendo en cuenta la brecha digital y que no se convierta en una obstaculización de acceso a derechos, el fortalecimiento de los servicios sociales municipales y los avances con el Ingreso Mínimo Vital, complementado con una renta de ingresos autonómicos que garantice el acceso a la vivienda según el precio del mercado inmobiliario actual.
Actualizado 4 julio, 2022
