«Lleva sucediendo desde el 10 de octubre, que fue la primera vez que detectamos salidas de Hoya Fría sin alternativa alojativa, sin poder entrar en las plazas de acogida que dependen del Ministerio y que acaban tocando en nuestra puerta». Así explica Arancha Méndez, responsable del Programa de Migración de Cáritas, la problemática que viene generándose en Tenerife en las últimas semanas con la salida de inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) sin que exista coordinación con las entidades que cuentan con plazas de acogida. En esa línea, José Antonio Díez, coordinador del área de Inclusión Social de Cáritas y responsable de Café y Calor, recurso alojativo de la entidad, señala que «en las últimas semanas ha habido un aumento en la demanda a través de personas liberadas del CIE», una situación que no han podido atender, dado que «contamos con 25 plazas y siempre tenemos una lista de espera», por lo que «hemos podido darles algo de cenar, mantas y abrigos, además de orientarles, pero no hemos podido hacer mucho más. Ellos llegan sin conocer la zona, sin manejar el idioma y sin saber a dónde acudir para lo básico y, finalmente, se han quedado en la calle», concluye.
El repunte de llegadas, motivado tanto por el cierre del CIE de Gran Canaria por obras como por la época del año, habitualmente propicia para la proliferación de cayucos, está generando dificultades para absorber ese alto flujo de personas, lo que se traduce en que «han estado saliendo de forma no regulada e intermitente las personas que estaban en Hoya Fría», apunta Arancha Méndez, dado que «pueden estar en el centro un máximo de 60 días y, si no son expulsadas en ese tiempo, tienen que ser puestas en libertad». Sin embargo, en el caso que ha generado la problemática, «no sabemos si ha sido por finalización del tiempo ni tampoco si ha habido problemas para su devolución» generando finalmente una situación en la que «ahora mismo puede haber más de 40 personas en la calle procedentes del CIE».
Cruz Roja, sin comunicación
A partir de ese momento, lo habitual es que los extranjeros recurran a los recursos que Cruz Roja tiene en Tenerife. De hecho, el último grupo de inmigrantes liberados «acudió a nuestro servicio de información e intentamos orientarlos, pero nuestros recursos son subvencionados y el financiador, en este caso el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es el que determina quién entra y cuándo», indica Inmaculada Mesa, directora provincial de Intervención Social de Cruz Roja, una comunicación que no se ha producido y que, como consecuencia, ha impedido el uso de las plazas disponibles.
Cruz Roja es la única entidad que trabaja en la Isla y que cuenta con plazas específicas para acogida humanitaria, que son a las que normalmente se acogen los solicitantes de asilo. «La mayoría de las personas que hemos ido recibiendo en Cáritas durante el último año y medio eran casos puntuales que necesitaban una acogida temporal, antes de trasladarse a Península o porque estaban esperando plazas en el albergue de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) en Gran Canaria», explica Arancha Méndez. De hecho, «en anteriores ocasiones desde el propio CIE de Hoya Fría nos llamaban para avisar de que iban a poner en libertad a un grupo y, si teníamos capacidad de dar respuesta, la dábamos», algo que no ha sucedido con los últimos movimientos. No es habitual que se produzcan este tipo de situaciones, ya que, como reconoce Inmaculada Mesa, «con el CIE ha habido coordinación en otros momentos y el trabajo que se hace tanto con ellos como con la Administración Pública no es malo», dado que «todo el mundo intenta poner recursos sobre la mesa y ayudar».
En la calle y sin ayuda
Con todo, el problema radica en que «lo que se está haciendo es dejar a personas en la calle sin tener absolutamente nada ni conocer el idioma». «Les dan un bonobús y, una vez que llegan a Santa Cruz, no hay más», apunta Arancha Méndez, incidiendo en que «intentamos luchar contra la visión anti-inmigración de una parte de la sociedad, pero al final les estamos obligando a ganarse la vida de una forma que no es la más adecuada, pero no les quedan alternativas», por lo que «la delincuencia es casi una profecía autocumplida». «Es un tema que nos preocupa mucho y hemos solicitado reuniones con la Subdelegación del Gobierno, porque si las llegadas siguen produciéndose al mismo ritmo el problema va a seguir aumentando», concluye.
El CIE, puesto en duda
La postura de Cáritas con respecto al funcionamiento de los CIES queda más en evidencia en este tipo de coyunturas, en las que se agudiza «nuestro posicionamiento de que deben ser cerrados», afirma con contundencia Arancha Méndez. «Existen acuerdos de devolución que no se están produciendo y no tiene sentido tenerlos dos meses encerrados para, después, dejarlos en la calle. Allí no hay nada que hacer; sólo hay polícia, Cruz Roja con la parte social y voluntariado y poco más. Es peor que una cárcel y no tiene sentido». No es la única organización que se ha posicionado en ese sentido. Diversas asociaciones pro derechos humanos y La plataforma «Canarias libre de CIES» continúan desarrollando una campaña para la desaparición de los centros, como el de Fuerteventura, que fue finalmente cerrado el pasado mes de junio pese a que desde hace años se encontraba desocupado, aunque contaba con dotación presupuestaria. En la actualidad continúan operativos los centros de Hoya Fría, en Tenerife, y Barranco Seco, en Gran Canaria; si bien este último se encuentra fuera de servicio actualmente debido a unas obras de urgencia que hubo que acometer, lo que ha provocado que la instalación tinerfeña sea la única en el Archipiélago que acoge a los inmigrantes sin documentación llegados en los últimos días en pateras, que superaron el centenar la pasada semana.
Artículo publicado en el diario «La Opinión» de Tenerife
Actualizado 5 noviembre, 2018
